México, 18 de junio.- La presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que el respeto a la propiedad privada y a los derechos de los trabajadores que aún pagan sus créditos, están garantizados.
Lo anterior, al referirse al programa que anunció el Infonavit que permitirá ofrecer alternativas de pago accesibles a personas que habitan viviendas de forma irregular, con el objetivo de atender el problema de las más de 800 mil casas abandonadas o irregularmente ocupadas en todo el país.
Sheinbaum dijo que “no se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece. Eso tiene que quedar muy claro”.
Explicó que durante años, el Infonavit construyó desarrollos alejados de los centros urbanos, lo que llevó a que muchos trabajadores abandonaran sus viviendas debido a las largas distancias y la falta de servicios.
En muchos casos, también se detectaron fraudes inmobiliarios y viviendas vendidas múltiples veces.
Ante esta situación, refirió que el gobierno analiza diversas opciones legales y sociales para resolver el abandono masivo de viviendas.
Una de ellas incluye la regularización mediante esquemas de pago, siempre y cuando se respete la ley y no se afecten los derechos de terceros.
“Lo que se está viendo es qué podemos hacer con esas viviendas, que es un problema que tiene hoy México y que tenemos que resolver. Entonces, está en ese ámbito algunas de las propuestas que hizo Octavio (Romero). Pero, repito, no tienen que ver con afectar la propiedad privada ni aquellos créditos que está pagando un trabajador.
(…) Entonces, tenemos que clarificar esa situación, no podemos cerrar los ojos y decir no pasa nada. Entonces, en el marco de la ley, del respeto a la propiedad y de lo que tiene que ver con los créditos de los trabajadores, poder resolver qué vamos a hacer con esas viviendas. Ese es el marco en el que se está planteando una variedad de soluciones que permitan resolver el problema”, señaló.
Además, destacó que ya se inició un censo para determinar el estatus jurídico y de ocupación de estas viviendas, lo cual será clave para definir las rutas de acción.
Asimismo, reiteró que no habrá desalojos y que cualquier resolución sobre ocupaciones ilegales deberá ser determinada por un juez.
También subrayó la necesidad de garantizar servicios básicos y transporte en estas zonas, para que sean habitables de forma digna.
“Ya se probó gastar miles de millones en despachos para recuperar casas y no funcionó. Hoy buscamos soluciones reales, humanas y legales”, concluyó.
