México, 13 de junio.— Legisladores de Movimiento Ciudadano presentaron un exhorto ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que el Senado de la República declare la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa, ante lo que calificaron como una «macro crisis de gobernabilidad».
Asimismo, solicitaron la renuncia inmediata del gobernador Rubén Rocha Moya.
El punto de acuerdo fue presentado por los diputados Gibrán Ramírez Reyes, Pablo Vázquez Ahued, Laura Iraís Ballesteros Mancilla, y los senadores María Alejandra Barrales Magdaleno y Daniel Barreda Pavón, quienes argumentaron que el gobierno estatal ha incurrido en violaciones flagrantes a la Constitución y ha sido omiso ante las exigencias básicas del estado de derecho.
“Hoy, en Sinaloa, se ha maximizado la incertidumbre respecto a las formas sociales y gubernamentales de mantener el bienestar. La violencia es incontrolable, el estado de derecho está ausente y el gobierno ha sido incapaz de resolver los problemas fundamentales de la población”, señala el documento.
Los legisladores señalaron que los recientes hechos violentos, como el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, y la entrega del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada a autoridades estadounidenses, han detonado una crisis de seguridad que ha escalado a niveles internacionales.
“El gobierno de Rubén Rocha Moya es hoy el epicentro de un problema que incluso ha tensado la relación con Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha reavivado su intención de declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas”, advierten.
Por ello, exhortaron al gobernador a separarse de su cargo de manera inmediata y al Senado de la República a discutir la desaparición de poderes en el próximo periodo ordinario, conforme a lo establecido en el artículo 76, fracción V, de la Constitución.
Los legisladores de Movimiento Ciudadano subrayaron que el llamado no responde a intereses partidistas, sino a la urgencia de restablecer el orden constitucional y proteger a la población sinaloense.
“Ni al Estado mexicano, ni a la presidenta Claudia Sheinbaum, ni al partido en el poder, ni a los ciudadanos de Sinaloa, les conviene que esta crisis continúe”, concluyeron.
