México, 16 de mayo.- El gobierno de México expresó su rotundo rechazo a la propuesta impulsada por congresistas republicanos en Estados Unidos que busca aplicar un impuesto del 5 por ciento a las remesas enviadas por migrantes mexicanos desde ese país.
La medida, actualmente en revisión por el Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de Representantes, fue calificada como violatoria del Tratado para Evitar la Doble Tributación entre México y Estados Unidos, vigente desde 1994.
Durante una conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, Edgar Amador, secretario de Hacienda, y Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, expusieron los argumentos técnicos, económicos y legales que sustentan la posición mexicana frente a esta iniciativa considerada “discriminatoria e inconstitucional”.
El secretario Edgar Amador explicó que los recursos enviados por los trabajadores mexicanos a sus familias en México ya fueron gravados por el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, con tasas que oscilan entre el 10% y el 37%.
Aplicar un impuesto adicional en forma de recargo a las remesas constituiría una doble tributación, contraria a lo estipulado en el tratado bilateral firmado hace más de tres décadas.
“Este es el artículo 25 del tratado para evitar la doble tributación México-Estados Unidos. Vamos a leer nada más la primera parte. Dice, los nacionales de un estado contratante, es decir, los paisanos mexicanos, no serán sometidos en otro estado contratante, es decir, en Estados Unidos, a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exija.
“Es decir, ese 5 por ciento, o sea, más gravoso que aquellos a los que están o puedan estar sometidos los nacionales, es decir, los ciudadanos estadounidenses en los Estados Unidos. Si sería discriminatorio en términos del artículo 25”, acusó.
Amador dijo que de implementarse esta medida se trataría de una acción claramente discriminatoria hacia los trabajadores migrantes mexicanos, quienes ya contribuyen fiscalmente en Estados Unidos.
El funcionario también señaló que otros países con tratados similares, como India, han gozado de este tipo de protección desde 1990, y que medidas como esta irían en contra de las prácticas internacionales tributarias y posiblemente contra el marco legal estadounidense.
La Secretaría de Hacienda subrayó el papel vital de las remesas en la economía mexicana. En 2024, México recibió 64,700 millones de dólares en remesas, lo que representó 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB).
De ese total, el 99.1 por ciento se transfirió electrónicamente, en un sistema completamente regulado y transparente.
El 97 por ciento de las remesas provienen de Estados Unidos, principalmente de los estados de California (33%), Texas (14%) y Colorado (4%). En promedio, cada operación fue de entre 393 y 400 dólares.
Los principales estados receptores de remesas en México son Michoacán (8.7%), Guanajuato (8.7%), Jalisco (8.5%), Ciudad de México (7.2%) y Estado de México (7.1%).
En términos de peso relativo en el PIB estatal, las remesas representan el 16% del PIB en Chiapas, el 14% en Guerrero y el 11% en Michoacán y Zacatecas.
“Las remesas representan más del 20% del ingreso familiar en algunas regiones. Son esenciales para la reducción de la pobreza y el desarrollo local”, afirmó Amador.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno ya prepara acciones diplomáticas para dialogar con representantes de la administración estadounidense, a fin de exponer que esta medida es discriminatoria y violatoria del tratado bilateral.
“El gobierno de México defenderá con firmeza los derechos de nuestros compatriotas en el exterior. Gravar sus envíos no solo es injusto, sino que pone en riesgo a millones de familias mexicanas que dependen de estos recursos”, señaló.
Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, indicó que la iniciativa aún se encuentra en revisión y que México vigilará de cerca su desarrollo.
Detalló que, según la propuesta, el impuesto se aplicaría a todos los países, excepto a ciudadanos o residentes estadounidenses, lo cual refuerza el carácter discriminatorio de la medida.
Además, sostuvo que de aprobarse, los trabajadores migrantes podrían impugnar el gravamen en cortes estadounidenses, al existir bases legales para considerar la propuesta como inconstitucional e incompatible con tratados internacionales firmados por ese país.
