Washington, 29 de enero.- El presidente Donald Trump, firmó su primera ley desde que regresó al poder, medida que permite a las autoridades de Estados Unidos detener y deportar a migrantes por diversos delitos, incluso menores.
Trump rubricó la ley, la primera desde el inicio de su segundo mandato el 20 de enero, en la Sala Este de la Casa Blanca, ante un centenar de invitados, entre ellos, familiares de Laken Riley, una joven asesinada por un migrante indocumentado cuya muerte inspiró la legislación.
“Estados Unidos nunca olvidará a Laken Riley”, afirmó Trump, quien aseguró que el migrante que la asesinó, procedente de Venezuela, debería haber sido deportado.
“En lugar de ser expulsado, como debería haber ocurrido, fue liberado en Estados Unidos, al igual que millones de otras personas, muchas de ellas muy peligrosas, pero ya ven lo que estamos haciendo: los estamos sacando de aquí”, subrayó.
Durante su discurso, Trump relató la historia de Laken Riley, cuyo nombre lleva la ley. Riley era una estudiante de enfermería de 22 años que fue asesinada en el estado de Georgia en febrero de 2024 por un migrante venezolano indocumentado, José Ibarra.
Ibarra residía de manera irregular en Estados Unidos, y había sido detenido por un delito menor de hurto en tiendas, pero se le permitió permanecer en el país mientras su caso migratorio estaba en proceso.
Fue declarado culpable del asesinato de Riley a finales de 2024 y cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Su muerte avivó el debate sobre la inmigración en la recta final de las elecciones de noviembre de 2024, en las que la candidata demócrata y entonces vicepresidenta, Kamala Harris, perdió frente a Trump, quien había prometido las mayores deportaciones en la historia del país.
La iniciativa contra los migrantes fue aprobada el pasado 22 de enero por la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, con el respaldo casi unánime de esa bancada, excepto un legislador que no votó, y el apoyo de 46 congresistas demócratas.
La ley también recibió el visto bueno del Senado de Estados Unidos, donde los republicanos tienen mayoría, con el respaldo de 12 senadores demócratas, pese a la oposición de activistas por los derechos de los inmigrantes, tradicionalmente alineados con el Partido Demócrata.
