México, 31 de octubre.- El pleno del Senado aprobó por 105 votos en pro la reforma que eleva a rango constitucional el derecho a la vivienda adecuada para personas trabajadoras y convierte al Infonavit en constructor y arrendador.
La oposición y el oficialismo coincidieron en la trascendencia de esta reforma.
Sin embargo, Morena y sus aliados criticaron que en el periodo neoliberal la construcción de vivienda digna sólo fue negocio para unos cuantos, sin tomar en cuenta a las clases más necesitadas.
Pero, la bancada del PRI recordó que esta reforma no era nueva, porque si bien no se elevó a rango constitucional, en el régimen del presidente Adolfo Ruiz Cortines se impulsó un agresivo programa de vivienda que la postre derivó en la fundación del Infonavit.
El priísta por Yucatán, Rolando Zapata, sostuvo que la proyección de la construcción de un millón de viviendas por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, posee una gran visión, aunque insuficiente.
Otro priísta, Ángel García Yáñez, de Morelos, desvió el debate y afirmó que su partido continuará defendiendo los derechos de las personas trabajadoras del Poder Judicial.
“Y seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores del Poder Judicial y de todos los trabajadores afectados por su manera incongruente, equívoca y autoritaria que han marcado el rumbo de este gobierno.
No es supremacía constitucional, ustedes están haciendo la nueva Ley de Herodes: te chingas o te jodes”.
En el dictamen se establece que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase estará obligada a que sus personas trabajadoras tengan viviendas cómodas e higiénicas.
La iniciativa reforma el artículo 123 de la Constitución y detalla que esta obligación de las empresas se cumplirá mediante las aportaciones que hagan a un Fondo Nacional de la Vivienda, a fin de constituir depósitos en favor de sus personas trabajadoras
Esta reforma permitirá a las personas trabajadoras obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora.
El Fondo también podrá invertir sus recursos en la adquisición de suelo y la construcción de vivienda para que la persona trabajadora pueda adquirirla o arrendarla en los términos que fije la ley.
Además, decreta que las personas trabajadoras después de un año de cotización podrán acceder a las viviendas en arrendamiento social propiedad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
En estas operaciones, la mensualidad no podrá exceder del treinta por ciento del salario de las personas trabajadoras.
El decreto se envió a los congresos de los estados para los efectos constitucionales correspondientes.