México, 6 de mayo.- Los 31 gobernadores del país y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en calidad de Amicus Curie advirtieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de los efectos adversos que surgirán en perjuicio de la seguridad pública, la gobernabilidad de las entidades federativas y la justicia mexicana, sí se declara inconstitucional la prisión preventiva oficiosa.
Los mandatarios pidieron a la Corte mantener la supremacía constitucional respecto de cualquier norma de carácter internacional que pueda afectar nuestro derecho interno con el fin no sólo de impedir la vulneración de la Carta Magna, sino de evitar un grave impacto en la seguridad pública de las y los mexicanos, de las víctimas y testigos, así como la culminación de procesos penales seguidos en contra de sujetos que han comentado delitos de alto impacto.
“No podemos dejar de señalar el colapso de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”, se lee en el pronunciamiento.
Recordaron que la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito.
Señalaron que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró la prisión preventiva oficiosa violatoria de los derechos humano, son efecto vinculantes. Sin embargo, estas deben estar armonizadas y no transgredir el contenido de la Constitución.