México, 16 de abril.- Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de querer liberar a 68 mil presuntos delincuentes con su pretensión de derogar la prisión preventiva oficiosa.
Recordó que las personas acusadas de cometer delitos que por su gravedad sean de alto impacto para la sociedad, como es el caso de delincuencia organizada, de narcotráfico, homicidio, secuestro, feminicidio, tortura, trata de personas, abuso sexual infantil, entre otros, deberán llevar su proceso bajo prisión preventiva, para poder garantizar que comparezca a juicio, que no haya una fuga y para salvaguardar la seguridad de las víctimas y de los testigos.
Refirió que la Corte discutirá en próximos días invalidar el artículo 19 de la Constitución y dejar sin efecto así la figura de la prisión preventiva oficiosa.
Señaló que esta decisión la tomará a partir de una resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde condena México y resuelve que se deben adecuar las leyes, incluyendo la Constitución, para eliminar la prisión preventiva.
“Creemos que la Suprema Corte no solo se excede en sus facultades, sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro país”, declaró.
Reveló que el viernes pasado el gabinete de Seguridad le envío una carta a las y los ministros, para plantearles cuáles son las preocupaciones y cómo impactaría derogarla.
“Esta decisión impactaría a la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy. Estamos hablando de 11 mil 640 acusados de homicidio, 7 mil 150 acusados de secuestro, 5 mil 617 de violación, 4 mil 013 de narcotráfico y narcomenudeo, 3 mil 800 de portación de armamento y explosivos, mil 405 de feminicidio, mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores y 405 por delincuencia organizada”.
Uno de los estados que se verían afectado por esta decisión, sería el Estado de México, donde hay 21 mil 718 personas en prisión preventiva oficiosa.
Señaló que debe desde el propio Poder Judicial atacarse la enorme tardanza de los procesos y las resoluciones. Reiteró que la liberación de estos presuntos delincuentes pondría en riesgo, primero, a los testigos y a las víctimas que son las personas que los han acusado y al personal, desde policías, personal de la Fiscalía, los propios juzgadores.
Hay, insistió un riesgo para la población en su conjunto y a la seguridad nacional, porque se trata de individuos que presuntamente están asociados a grupos del crimen organizado y que cuentan con capacidad económica y operativa, con alto riesgo de darse a la fuga, y por supuesto, de manera adicional, generaría una carga excesiva tanto para las fiscalías como para los juzgados.
Explicó que en el caso de México, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y se ejerce a través de los Poderes del Estado y de sus representantes populares, conforme al pacto federal que establece nuestra Constitución, es decir, ningún Estado, gobierno, organismo o tribunal extranjero puede ordenarle a México modificar su Constitución, modificar su régimen político, ni su forma de gobierno.
“Hacerlo sería un acto inadmisible de injerencia, ¿y a quién le toca defender nuestra Constitución? Precisamente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque, aunque la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos tienen la misma jerarquía y deben interpretarse todos de manera armónica, cuando una norma internacional se opone a una norma constitucional debe prevalecer siempre nuestra Constitución”, apuntó.
Acusó que la Corte se excede al anular una disposición constitucional, cuando la única facultada para reformar o para eliminar un artículo de la Constitución es el Congreso de la Unión y pretende convertirse en “el gran poder de los poderes”.