Lima, Perú, 15 de diciembre de 2022 (Reuters).- La estadía en prisión del expresidente peruano Pedro Castillo se extendió 18 meses, en medio de una disputa diplomática cada vez más profunda con los países de tendencia izquierdista de la región que se oponen a su destitución.
Un panel judicial dentro de la Corte Suprema dictaminó el jueves que Castillo, inicialmente encarcelado durante siete días, permanecerá tras las rejas mientras los fiscales continúan su investigación de los cargos penales contra el exlíder.
La decisión no tocó el fondo de los cargos que enfrenta Castillo, quien ha sido acusado de rebelión y conspiración, pero un juez que encabezaba el panel citó el riesgo de fuga del expresidente.
Castillo ha negado todos los cargos y ha afirmado que sigue siendo el presidente legítimo del país.
El izquierdista Castillo, hijo de campesinos y exmaestro que obtuvo una estrecha victoria en las urnas el año pasado bajo la bandera del partido marxista Perú Libre, fue destituido por una abrumadora mayoría de legisladores que lo acusaron de «incapacidad moral permanente».
Apenas unas horas después de que Castillo ordenara la disolución del Congreso el 7 de diciembre.
La rápida destitución de Castillo, quien dirigió el país sudamericano durante solo 17 meses, ha repercutido mucho más allá de las fronteras de Perú, con varios aliados izquierdistas del depuesto líder, reuniéndose en su apoyo mientras las protestas callejeras enojadas y, a veces, violentas se extienden a su segunda semana, con declarado el estado de emergencia.
A principios de esta semana, cuatro naciones dirigidas por presidentes de izquierda -Argentina, Bolivia, Colombia y México- firmaron una declaración conjunta que declaraba a Castillo «víctima de acoso antidemocrático».