México, 26 de abril de 2022.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para que la Secretaría de la Función Pública (SFP) realiza las compras consolidadas del gobierno federal.
La reforma propone también transferir a esta dependencia la capacidad que actualmente tiene la Secretaría de Hacienda para nombrar a las personas titulares de las Unidades de Administración y Finanzas o equivalentes en los entes de la Administración Pública Federal.
Estas responsabilidades a cargo de la Función Pública permitirán homologar la actuación de la operación administrativa de las entidades paraestatales “con el objeto de que éstas atiendan la política de austeridad republicana y que el uso de los recursos públicos se ejerza de manera racional”.
De aprobarse la reforma, la Función Pública nombrará y removerá a las personas titulares de las Unidades de Administración y Finanzas o sus equivalentes, así como a las personas servidoras públicas de los dos niveles jerárquicos inmediatos inferiores en las dependencias y sus órganos administrativos desconcentrados, “con excepción de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y las empresas productivas del Estado”.
“Con ello, se evitarán posibles actos de corrupción o colusión de servidores públicos que afecten la administración de los recursos públicos”.
Respecto de las compras consolidadas, propone que la SFP esté facultada para consolidar las contrataciones de bienes y servicios de la Administración Pública Federal, “cuando de esa consolidación se deriven beneficios y ahorros para las finanzas públicas”.
Esta facultad se trasladaría de la Secretaría de Hacienda a la SFP, a fin de participar en las negociaciones comerciales internacionales relacionadas con compras del sector público, coordinar las compras estratégicas y elaborar disposiciones que promuevan la participación de la proveeduría nacional.
“Esta facultad de consolidación de los procedimientos de compras gubernamentales regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, coadyuvaría a reforzar la eficiencia en el combate a la corrupción desde la SFP, al poder intervenir para garantizar las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad en la adquisición de bienes y servicios en la Administración Pública Federal”.