México, 30 de marzo de 2021.- En México por la pandemia de Covid-19, casi la mitad de las mujeres perdió su trabajo o cerró su negocios, según una encuesta levantada por el gobierno federal y ONU-Mujeres.
Sin descontar que en América Latina y el Caribe hay una cifra de 4,600 feminicidios.
Durante el panel “Beijing + 26. Acciones Legislativas hacia la Igualdad”, auspiciado por el Senado, Nadine Gasman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres, declaró que la pandemia puso en relieve los desafíos que las mujeres tendrán que enfrentar en el futuro.
“Como las mujeres han vivido de manera desproporcionada algunas de las consecuencias de la pandemia. Casi la mitad de las mujeres perdió su trabajo o cerró su negocio por efecto de la pandemia y 75 por ciento de las mujeres que realizan una actividad laboral por cuenta propia disminuyó el número de las horas dedicadas al trabajo remunerado”.
Por su parte, Alicia Bárcena secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), destacó que la desigualdad de género es un rasgo estructural de América Latina y el Caribe, un reflejo de la cultura del privilegio, que naturaliza la desigualdad, la discriminación y el patriarcado.
“Hoy contamos con más de cuatro mil seiscientas mujeres en dieciocho países de América Latina y seis del Caribe que han perdido la vida por feminicidio, es decir, nos falta avanzar en políticas, en financiamiento, en instituciones y, por supuesto, en ponerle presupuesto a estos problemas. (…) Nosotros calculamos que hay 14 millones de mujeres que tuvieron que dejar el mundo laboral e irse a su casa a cuidar niños, adultos mayores, etcétera”.
En su turno, Carmen Moreno Toscano, subsecretaria de Relaciones Exteriores, dijo que la pandemia ha tenido un impacto desproporcionado en las mujeres y las niñas.
Por ejemplo, en la carga del cuidado y en el trabajo no remunerado.
El evento fue inaugurado por Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación que un videomensaje grabado reconoció la labor del Congreso de la Unión, que ha garantizado que ser mujer u hombre no sea un diferenciador para el goce o ejercicio de los derechos en salud, educación y seguridad social.