México, 14 de marzo de 2021.- Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, propondrá regular la operación de las empresas calificadoras en México ante su impacto y conflictos de interés que existen en su operación.
En un artículo publicado en su página web, titulado «Las calificadoras de riesgo: entre la técnica y la política», el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), asevera que:
«El impacto de las empresas calificadoras de riesgo y los conflictos de intereses que existen en su operación hacen necesaria una regulación que garantice su objetividad».
Refiere que las las calificadoras no tiene como objetivo auditar las finanzas de las empresas o de los Estados, sino sólo emitir opiniones de solvencia con base en las informaciones que les han brindado sus mismos clientas y/o clientes, que son las o los que pagan por sus servicios y no las u los inversionistas alrededor del mundo.
Señala que lo Monreal anterior se ha convertido en la posibilidad, o no, para los Estados o empresas de contratar crédito, de contar con mejores condiciones de financiamiento o de atraer inversiones.
Actualmente, detalla, existen alrededor de 150 calificadoras en el mundo.
Pero, sólo algunas tienen vocación mundial, de ahí que tres de ellas: Moddy’s, Standard & Poor’s y Fitch Rating cuentan con más del 92 por ciento del mercado global.
Esto, afirma, permite sin duda ejercer el poder de mercado debido a este oligopolio prevaleciente de facto.
El resto de las agencias como por ejemplo la canadiense Domination Bond Rating Service, la estadounidense A.M. Best -especialista en calificaciones de las empresas aseguradoras-, la japonesa Japan Credit Rating Agency, entre otras, comparten el porcentaje restante del mercado global.
Señala Monreal que según Yeufen Li, experta independiente sobre deuda externa y derechos humanos, las agencias calificadoras crediticias tienen una influencia excesiva sobre las decisiones de los préstamos, condiciones e intereses de la deuda soberana de los países.
La experta, según el morenista, llamó reformar urgentemente la arquitectura internacional de la deuda, suspender la emisión de calificaciones de crédito durante las crisis, como la del Covid-19, y a revisar los criterios de operación de las calificadoras de riesgo crediticio.
«Lo anterior sin obviar que la misma experta de la ONU llamó a las calificadoras a incorporar el enfoque de derechos humanos en su trabajo, para que los países cuenten con suficiente capacidad fiscal a fin de intervenir en protección social, alimentación, salud y educación o en políticas contra la pobreza y la desigualdad», señala.
Recuerda que el tema de regular a las calificadoras no es nuevo, ya que ha sucedido en la Unión Europea, que adoptó un reglamento emitido por el Parlamento Europeo.
En el caso de México, añadió, esta regulación debe llevarse a cabo tarde o temprano, porque las democracias no pueden darse el lujo de no debatir sobre temas que atañen a las y los ciudadanos, a la economía, al combate a la corrupción y al combate del pensamiento único o tecnocrático.
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