Nueva York, 7 de diciembre de 2020.- Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, tendrá que esperar hasta el próximo 17 de febrero para una nueva audiencia en su contra en la Corte de Nueva York.
Esta mañana, en su audiencia digital la defensa de García Luna, encabezada por el abogado César de Castro, solicitó un aplazamiento de 60 días para poder ver las pruebas en contra de su cliente.
De Castro argumentó que, debido al incremento de casos de coronavirus en Estados Unidos, García Luna quedó aislado a partir del 28 de octubre en un área especial y que desde ocho días atrás, el 20 de ese mismo mes, no había podido comunicarse con él ni analizar las pruebas que el gobierno tiene en su contra.
El abogado solicitó tener acceso a la evidencia, mientras que los fiscales que llevan el caso reconocieron que desconocían esa situación y aceptaron comenzar una coordinación con la defensa y el personal que tiene a García Luna en custodia.
La defensa y la Fiscalía llegaron al acuerdo de solicitar la nueva fecha para la audiencia del ex funcionario.
El fiscal Seth DuCharme mencionó que la Fiscalía tiene 955 mil páginas de evidencia, la mayoría proveniente de una exploración a dispositivos electrónicos, fotos y videos de García Luna y también cuenta con una cantidad “voluminosa” de comunicaciones interceptadas.
Además, informó que la Fiscalía espera las respuestas de varias solicitudes de evidencia que hizo a gobiernos extranjeros a través del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua.
Genaro García Luna es acusado de tres cargos de asociación delictiva para el tráfico de cocaína y de falso testimonio por proteger al Cártel de Sinaloa, con la ayuda de dos de sus subordinados cercanos, Ramón Pequeño, ex jefe de la División de Inteligencia de la entonces Policía Federal (PF) y Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal. Ambos prófugos.
El exsecretario de Seguridad Pública, que se declaró no culpable el pasado 7 de octubre, no ha negociado con los fiscales estadounidenses y decidió no cooperar ni ofrecer información al Departamento de Justicia. (Con información de Latinus)