La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución para establecer un tope de 70 mil pesos mensuales a las pensiones de ex altos funcionarios no tendrá efectos retroactivos, aunque sí ajustará a la baja los montos que actualmente reciben quienes superen ese límite.
Al ser cuestionada sobre la posible retroactividad de la medida, la mandataria precisó que la reforma operará “a partir de ahora”, es decir, una vez que sea aprobada por el Congreso y entre en vigor.
“Nadie les va a pedir que regresen el recurso que recibieron, pero a partir de la aprobación ya van a bajar sus pensiones”, puntualizó.
De esta manera, explicó que no se tocarán los recursos ya entregados en años anteriores, pero sí se ajustarán los pagos futuros para que ningún ex servidor público federal reciba una jubilación superior al nuevo tope constitucional.
Sheinbaum ejemplificó el caso de ex directores generales de organismos como la Comisión Federal de Electricidad, Pemex o Luz y Fuerza del Centro que, dijo, han llegado a percibir hasta un millón de pesos mensuales.
“Imagínense una persona que recibe un millón de pesos mensuales y que lo ha recibido por 15 años; 12 millones de pesos del erario público para alguien que fue director general de un área”, expuso.
Con la reforma, añadió, esas pensiones se reducirían a 70 mil pesos mensuales, monto que —subrayó— sigue siendo elevado frente a la jubilación promedio de la mayoría de los trabajadores.
La presidenta sostuvo que el nuevo límite equivale aproximadamente a la mitad de su salario como titular del Ejecutivo federal, en congruencia con el principio constitucional de que ningún servidor público puede ganar más que la persona titular de la Presidencia.
Ante la posibilidad de que los afectados recurran a la vía judicial, Sheinbaum afirmó que, al tratarse de una reforma constitucional, no proceden amparos en contra de su contenido.
“Como es reforma constitucional, lo único que puede haber es inconstitucionalidad; ya no puede haber amparo”, señaló.
La mandataria enfatizó que la iniciativa no impactará a trabajadores de base ni a empleados sindicalizados cuyas pensiones estén establecidas en contratos colectivos de trabajo.
“No es para los trabajadores de base, que están sindicalizados y que su pensión está reconocida por un contrato colectivo; ahí no se toca”, aseguró.
La reforma, explicó, se enfoca exclusivamente en aquellos casos donde el monto de la pensión fue definido de manera discrecional para servidores públicos de confianza o funcionarios de alto nivel.
